La GmbH

GmbH – “Gesellschaft mit beschränkter Haftung” (sociedad de responsabilidad limitada).

La estadística demuestra lo que la experiencia enseña: La “Gesellschaft mit beschränkter Haftung” (sociedad de responsabilidad limitada), o GmbH en sus siglas, sigue siendo la forma societaria preferida tanto por el inversor extranjero como por el alemán.

Según el Institut für Mittelstandsforschung de Bonn se constituyeron en Alemania en el año 2012 74.000 GmbH y 15.000 UG ( que es como veremos más adelante una subespecie de la GmbH en forma de “mini S.L.”) y sólo 2.000 sociedades anónimas.

Principales características

La GmbH es una sociedad de capital con personalidad jurídica propia. La responsabilidad para las deudas sociales está limitada al patrimonio social. Los socios no responden de las obligaciones de la sociedad.

Una de sus ventajas es que ofrece una gran flexibilidad a la hora de redactar los pactos sociales. Su constitución está sometida a menos formalidades que en el caso de la S.A. .

Puede ser constituida como sociedad unipersonal.

Por otro lado no está pensada como una sociedad de público, lo que lleva consigo que la transmisión de sus participaciones sociales no es tan fácil como en una S.A., ya que tiene que realizarse ante notario en escritura pública.

La GmbH se constituye ante notario en escritura pública. Adquiere personalidad jurídica en el momento de su inscripción en el Registro Mercantil.

Pueden ser socios tanto las personas físicas como las jurídicas, nacionales o extranjeras. El número de socios no está limitado.

Capital social 

El capital social mínimo es de 25.000 euros, dividido en participaciones sociales de 1 euro de valor nominal como mínimo.

En el momento de la constitución cada participación social tendrá que ser desembolsada al menos en un 25%, no pudiendo ser la totalidad de los desembolsos inferior a la mitad del capital social mínimo, o sea, de 12.500 euros.

En otras palabras, mientras que el capital social de la sociedad no supere los 50.000 euros, el desembolso inicial mínimo exigido por la ley es de 12.500 euros.

Las aportaciones al capital social podrán realizarse tanto en dinero (aportaciones dinerarias) como en otros bienes susceptibles de valoración económica (aportaciones no dinerarias).

Las aportaciones no dinerarias tendrán que ser desembolsadas en su totalidad. El valor económico que se les atribuye ha de ser acreditado mediante un informe (Sachgründungsbericht). La ley no exige que este informe sea elaborado por un perito. El registrador mercantil podrá, sin embargo, exigir un informe pericial en el caso de que tuviera dudas acerca de la exactitud de la valoración de lo aportado.

Unternehmensgesellschaft   

La ley permite la constitución de una GmbH con un capital social que no alcance la cifra mínima de 25.000 euros (mínimo 1 euro).

En este caso la GmbH tendrá que llevar en su nombre el añadido: “Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt)” o “UG (haftungsbeschränkt)”.

En caso de optar por esta posibilidad, el 25% de las ganancias anuales ha de ser llevado a una reserva legal hasta que la UG aumente su capital social a una cifra igual o superior a 25.000 euros, con cargo a esta reserva y/o utilizando otros medios.

El capital social de una UG ha de ser desembolsado en su totalidad mediante aportaciones dinerarias. No se permite la aportación de otros bienes.

La UG está pensada para emprendedores con pocos recursos a los que no se quiere privar de la posibilidad de limitar su responsabilidad por no poder superar la barrera de entrada de 25.000 euros.

Se trata de una respuesta del legislador alemán a las “Private Company Limited by shares (Ltd)” de procedencia inglesa que estaban inundando el mercado societario alemán.

Órganos

 – Junta de socios

 La ley prevé que la voluntad de los socios se articule a través de acuerdos tomados en la junta de socios. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos válidamente emitidos. Cada euro de una participación social concederá un voto. En determinados casos la ley exige una mayoría reforzada de 2/3 (ejem.: modificación de estatutos) o de 3/4 ( disolución de la sociedad) de los votos emitidos.

La junta será convocada por los administradores que están obligados a convocarla si así lo solicita un número de socios que reúna al menos el 10% del capital social.

Los acuerdos se podrán tomar por escrito sin que sea necesaria la celebración de una junta si todos los socios están de acuerdo con este proceder.

A diferencia de la ley española, el legislador alemán no prevé la obligación de reflejar los acuerdos y deliberaciones de los órganos de la sociedad en un acta, y mucho menos la llevanza de un libro oficial de actas.

Sólo los acuerdos que han de ser inscritos en el Registro Mercantil, como el nombramiento de administradores, modificaciones estatutarias, traslado del domicilio social, etc., tienen que revistar forma escrita y ser elevados a escritura pública.

No obstante, en la práctica se suele redactar un acta bien porque los estatutos lo prevén o bien por razones de prueba, aunque, eso sí, con mucha menos solemnidad y formalismo del que se acostumbra a hacer uso en España.

La junta, al ser el órgano supremo de la sociedad tiene competencia en todos los asuntos sociales. La ley establece a modo de ejemplo un catálogo de competencias en el que incluye entre otros:

La aprobación de las cuentas anuales y la decisión sobre la aplicación del resultado anual

  • El nombramiento y la sustitución de administradores
  • La aprobación de la gestión social
  • La revisión y el control de los administradores
  • El nombramiento de apoderados generales (“Prokuristen” y “Handlungsbevollmächtigte”).

Las normas de la Ley de Sociedades Limitadas que regulan el modo de articular la voluntad de los socios son en gran parte derecho dispositivo, es decir, vía estatutos se puede modificar el régimen legal, como:

ampliar o reducir la competencia de la junta de socios, trasladándola a los administradores o a otros órganos de creación estatutaria (por ej.: mediante la creación de un consejo asesor “Beirat”, ver más adelante)

  • facilitar la toma de acuerdos fuera de la junta de socios
  • modificar (reforzar) las mayorías necesarias para la toma de acuerdos

 – El órgano de administración, los administradores

La GmbH puede tener uno o varios administradores (Geschäftsführer). Los administradores son nombrados por la Junta de socios y se les puede conferir poderes solidarios o mancomunados.

Puede ser administrador cualquier persona física nacional o extranjera. No es necesario que resida en Alemania.

A diferencia del derecho español no pueden ser administradores las personas jurídicas.

Otra diferencia con el sistema español reside en la estructura del órgano de administración.

Mientras que la Ley de Sociedades de Capital española prevé expresamente que la representación de la sociedad se pueda organizar bien de modo individual a través de uno o varios administradores o bien de modo colegial formando un consejo de administración, el legislador alemán no prevé esta última posibilidad y confía la representación de la sociedad sólo a uno o varios administradores.

No hay, por tanto, un consejo de administración en las GmbH alemanas .

Lo que sí se encuentra con frecuencia en sociedades de cierta entidad, sobre todo en el ámbito de la empresa familiar, son los llamados “ Beiräte” (consejos asesores).

Se trata de órganos colegiados de creación estatutaria formadas generalmente por personas ajenas a la sociedad que por su trayectoria profesional y/o sus conocimientos puedan aportar un valor a la empresa y cuya función es por lo general el control y/o asesoramiento de los administradores.

Pueden tener facultades muy amplias.

Los socios o las juntas de socios pueden, vía pacto estatutario, transferir una parte de sus facultades a este órgano, como por ej. el nombramiento y la sustitución de los mismos administradores, funciones de arbitraje en caso de conflictos entre la sociedad y sus socios, etc.

Los administradores forman el órgano de representación de la sociedad. Representan a la sociedad frente a terceros con poderes ilimitados.

Las limitaciones de sus poderes, que se encuentran con frecuencia en los estatutos o en su contrato laboral no tienen efectos frente a terceros, es decir, la extra-limitación en sus poderes no afecta a la validez jurídica del negocio concluido por el administrador , aunque sí puede tener consecuencias indemnizatorias en caso de que la sociedad haya sufrido un perjuicio.

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la Junta de socios. Por pacto estatutario se puede limitar esta libre revocabilidad sin que se pueda convertir a los administradores en “ personas intocables”, ya que

no es posible prohibir ni limitar la sustitución de un administrador por causa grave.

A modo de pequeño excurso:

En la práctica mercantil hispano-alemana se traduce muchas veces el cargo español de “gerente”  como “Geschäftsführer”. Esto es, como hemos visto,  a todas luces incorrecto. El equivalente español del “Geschäftsführer”  alemán es el de “administrador”, mientras que el “gerente” español tiene en el “Betriebsleiter” su media naranja alemana.

  • Apoderados generales     

La legislación mercantil alemana conoce dos clases de apoderados generales cuyas facultades está definidas por el Código de Comercio Alemán (Handelsgesetzbuch), razón por la cual la práctica mercantil alemana desconoce las interminables listas de facultades que con tanto esmero se elabora en las notarías españolas. Se trata  del “Prokurist” y del  “Handlungsbevollmächtigter”.

Prokurist

 Las facultades del “Prokurist” abarcan toda clase de negocios y actos jurídicos, tanto judiciales como extrajudiciales que pertenezcan al negocio de la sociedad. El “Prokurist”, sin embargo, sólo podrá enajenar o gravar bienes inmuebles  si ha sido expresamente facultado para ello.

Estas facultades no podrán ser ni limitadas ni modificadas frente a terceros, pero sí pueden ser solidarios o mancomunados con otro Prokurist o Administrador.

El Nombramiento como Prokurist tendrá que ser inscrito en el Registro Mercantil.

– Handlungsbevollmächtigter

La “Handlungsvollmacht”  (literalm. “poder para actuar”) se puede otorgar bien para todos los negocios de la empresa (Generalhandlungsvollmacht) o bien sólo para determinados negocios o departamentos de la empresa, director de sucursal, jefe de ventas, jefe de personal, etc.). En todos los casos la  “Handlungsvollmacht” faculta al nombrado para llevar a cabo todos los actos que comprende el giro y tráfico normal del negocio para el que fue nombrado. El   “Handlungsbevollmächtigter” necesita un poder expreso para poder:

Enajenar o gravar inmuebles

  • Crear obligaciones cambiarías
  • Tomar préstamos
  • Representar a la sociedad en procedimientos judiciales

El otorgamiento de una “Handlungsvollmacht” no se inscribe en el Registro Mercantil y no está sujeto a formalidad alguna, aunque en la práctica se suele conceder por escrito.

Vererben in Europa

 Vererben in Europa

I.  Die europäische Basis

Über 12 Mio. Europäer leben in einem anderen EU-Staat als ihrem Heimatland. Dies führt jährlich zu ca. 450.000 Erbfällen mit einem Nachlassvolumen von geschätzt mehr als 120 Milliarden Euro.

Die Verteilung dieser Summe, die etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Berlin entspricht, richtet sich seit dem 17.08.2015 nach neuen Regeln.

Bis zu diesem Zeitpunkt war für das auf einen Erbfall anzuwendende Recht in den Mitgliedstaaten der EU zum Teil die Nationalität ( so in Deutschland und Spanien), zum Teil der letzte gewöhnliche Auftenhalt (z.B. in Frankreich und Polen) des Erblassers massgeblich.

Ein in Madrid lebender Deutscher wurde nach deutschem Recht beerbt; sein in Düsseldorf beheimateter spanischer Kollege musste seine Nachlassplanung am spanischen Recht ausrichten.

Seit dem 17. August 2015 ist dies anders.

Für Todesfälle ab diesem Zeitpunkt gilt die Europäische Erbrechtsverordnung Nr. 650/2012 (EuErbVO), die die Frage, welche Rechtsordnung auf einen Erbfall anzuwenden ist für alle Mitgliedsstaaten mit Ausnahme von Großbritannien, Irland und Dänemark einheitlich regelt.

Gemäss § 21 EuErbVO richtet sich die Rechtsnachfolge von Todes wegen nach dem Recht des Staates, in dem der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Auftenthalt  hatte.

Sollten in unserem Ausgangsbeispiel  beide Herren den 17.08.2015 überlebt haben, wird das Erbe des in Madrid beheimateten  Deutschen daher künftig nach spanischem Recht abgewickelt werden, während  die Erbschaft des in Düsseldorf lebenden Spaniers den Regeln des BGB unterliegt.

Beide haben allerdings die Möglichkeit, in ihrem Testament eine Rechtswahl gemäss  § 22 EuErbVO zu treffen.

Nach dieser Bestimmung kann eine Person für die Rechtsnachfolge von Todes wegen  das Recht des Staates wählen, dem sie im Zeitpunkt der Rechtswahl oder im Zeitpunkt ihres Todes angehört.

Die Rechtswahl muss entweder ausdrücklich in einer Erklärung in Form einer Verfügung von Todes wegen (Testament) erfolgen oder sich aus den Bestimmungen einer solchen Verfügung ergeben (§ 22 Abs. 2 EuErbVO).

Das heisst, es reicht nicht aus, ein Testament zu machen, sondern es muss sich aus dem Testament eindeutig ergeben, dass sich die Rechtsfolge des Erblassers nach dessen Heimatrecht richten soll.

Was unter “gewöhnlichem Aufenthalt” zu verstehen ist,  wird in der Verordnung nicht definiert. Der Gesetzgeber hat sich bewusst dagegen entschieden, diesen Begriff zu “mathematisieren”, d.h., an einer Mindestaufenthaltsfrist festzumachen.

Laut der Begründung zum Kommissionsvorschlag handelt es sich um den Ort, der den Mittelpunkt des Lebensinteresses des  Erblassers beschreibt.

Aus den Erwägungsgründen (23) und (24) der EuErbVO  ergeben sich einige Hinweise hinsichtlich der bei der Festlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes zu berücksichtigenden Umstände.

Danach soll “die mit der Erbsache befasste Behörde eine Gesamtverurteilung der Lebensumstände des Erblassers in den Jahren vor seinem Tod vornehmen und dabei alle relevanten Tatsachen berücksichtigen, insbesondere die Dauer und die Regelmässigkeit des Aufenthaltes des Erblassers in dem betreffenden Staat.

Wie sich aus Erwägungsgrund (24) ergibt, reicht die Verlagerung des Wohnsitzes aus beruflichen oder wirtschaftlichen Gründen allein nicht aus, um einen gewöhnlichen Aufenthalt zu begründen, jedenfalls dann nicht , wenn der Erblasser weiterhin eine enge und feste Bindung zu seinem Herkunftsstaat  aufrecht erhält.

Der gewöhnliche Aufenthalt ist nicht nur massgeblich für die Bestimmung des anzuwendenden Erbrechts, sondern auch für die Zuständigkeit  der mit dem Erbfall zu befassenden  staatlichen Organe.

Dies gilt gemäss § 4 EuErbVO sowohl für die anzurufenden Gerichte als auch für die Bestimmung der Behörde, die für die Erteilung  des europäischen Nachlasszeugnisses zuständig ist (§ 64 EuErbVO).

Was unter gewöhnlichem Aufenthalt zu verstehen ist, werden daher letztlich die Gerichte festzulegen haben. Dies kann vor allem während der ersten Jahre  der Geltung der Verordnung zu  einer gewissen Rechtsunsicherheit führen.

Wer bei seiner Nachlassplanung auf Nummer sicher gehen will, und mit seiner Familie nicht bereits seit “ewigen Zeiten” in Spanien  lebt, sollte daher von der Rechtswahlmöglichkeit  des  § 22 EuErbVO Gebrauch machen.

Dies gilt vor allem für berufliche Pendler und Ruheständler die ihren Lebensabend in Spanien verbringen und nicht alle Brücken in die alte Heimat abgebrochen haben, sondern noch enge soziale und familiäre Beziehungen in Deutschland pflegen, sich dort regelmässig aufhalten und dort Vermögen besitzen.

II. Die spanische Vielfalt

Spanien ist bekanntlich ein Mehrrechtsstaat, d.h., in weiten Teilen des spanischen Königreiches ( auf den Balearen, in Navarra, im Baskenland, Katalonien und Galizien) gelten Sonderrechte (sog. Foralrecht), die gerade im Bereich des Erbrechts Regelungen enthalten, welche von dem im Código Civil geregelten “allgemeinen Erbrecht” teilweise stark abweichen.

Diese Sonderrechte gelten aber nicht für alle in den Foralrechtsgebieten beheimateten Personen, sondern nur für solche, welche die “ vecindad  civil”  (Gebietszugehörigkeit ) der jeweiligen Region besitzen.

Um diese zu erwerben, bedarf es der spanischen Staatsbürgerschaft, sowie einer Mindestaufenhaltsdauer von 2 Jahren im Sonderrechtsgebiet.

Insoweit bestimmt Art. 14 Abs. 5 Código Civil, dass die “vecindad civil”  erwirbt, wer sich entweder mindestens 2 Jahre im Sonderrechtsgebiet aufhält und durch Erklärung vor dem Registro Civil (Personenstandsregister) ausdrücklich für die “vecindad civil” optiert oder nach mindestens 10 Jahren ununterbrochenen Aufenthaltes, es sei denn, der Betroffene hat vor dem Registro Civil ausdrücklich zu Protokoll gegeben, dass er die “vecindad civil” nicht erwerben wolle.

Was bedeutet das  für den im Baskenland oder auf den Balearen ansässigen Deutschen, der keine Rechtswahl getroffen hat und möglicherweise auch keine treffen will, weil seine Nachlassplanung sich besser nach baskischem, balearischem Sonderecht oder nach dem Código Civil umsetzen lässt?, Gilt für ihn der Código Civil oder das Sonderrecht des Derecho Foral?

Der europäische Gesetzgeber verweisst in den §§ 36 ff. EuErbVO bei Mehrrechtsstaaten zunächst auf die internen Kollisionsvorschriften des betreffenden Staates und bestimmt nur für den Fall, dass dort keine Regelung getroffen wird selbst das massgebliche Gebietsrecht.

In der spanischen juristischen Literatur ist angesichts der Tatsache, dass ein Ausländer keine Gebietszugehörigkeit erwerben kann und somit die eigentlich einschlägige Kollisionsnorm des  Art. 14 des Código Civil  zumindest nicht direkt anwendbar ist, umstritten, ob dies zur Anwendung des Código Civil führt oder ob das Foralrecht dennoch Anwendung findet und wenn ja unter welchen Voraussetzungen: Nach 2 bzw. 10-jährigem Aufenthalt wie in Art. 14. 5 Código Civil geregelt oder sobald ein gewöhnlicher Aufenthalt im Sinne der EuErbVO vorliegt?

Es hat den Anschein, dass in Beraterkreisen letztere Lösung  favorisiert wird. Ob sich diese Auffassung durchsetzen wird, mag vielleicht wahrscheinlich sein, ist jedoch mangels Rechtsprechung keinesfalls gesicherte Erkenntnis. Deutsche, die seit langem ihren Lebensmittelpunkt in einem Sonderrechtsgebiet haben, können sich derzeit lediglich darauf verlassen , dass ihre Erbfolge sich nicht nach deutschem Recht richtet, es sei denn sie treffen eine Rechtswahl. Ob ihre Rechtsnachfolge  sich nach dem Código Civil  oder nach Foralrecht, und falls ja nach welche Wartezeit, richten wird, ist derzeit noch nicht endgültig geklärt.

Wie wichtig die Klärung dieser Frage ist, soll im folgenden anhand des im Baskenland geltenden Foralrechts erläutert werden.

III. Das baskische Beispiel

Das im Baskenland geltende Erbrecht ist in den §§ 17 – 124 des Gesetzes über baskisches Zivilrecht (Ley de derecho Civil Foral del País Vasco), in Kraft seit dem 03.10.2015, geregelt.

1. Gemeinschaftliches Testament

Nach baskischem Foralrecht ist ein gemeinschaftliches Testament (Testamento mancomunado) zulässig. Unter gemeinschaftlichem Testament versteht  § 24 (Ley de Derecho Civil Vasco)  die gemeinsame testamentarische Verfügung von 2 Personen, die nicht mit einander verwandt sein müssen, in welcher diese für den Fall ihres Todes über ihre gesamtes oder  einen Teil ihres Vermögens verfügen.

Der Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments ist nach dem Tode eines der Ersteller grundsätzlich nicht mehr zulässig.

In Deutschland kann ein gemeinschaftliches Testament (Berliner Testament) bekanntlich nur von Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern verfasst werden.

Nach den Vorschriften des Código Civil ist es unzulässig.

2. Sucesión por comisario

Ein deutschem Rechtsempfinden völlig fremdes, möglicherweise aber höchst interessantes Instrument ist die sogenannte “sucesión por comisario”.

Dabei handelt es sich um eine Verfügung von Todes wegen, in welcher der Erblasser die Benennung der Erben auf einen oder mehrere Dritte (comisarios) delegiert, wobei er dem comisario Anweisungen bezüglich der Ausgestaltung der Erbfolge (Ernennung von Erben, Vermächtnisnehmern, Verteilung des Erbes, etc.) geben kann, aber nicht muss.

Ehegatten und “parejas de hecho”,  eingetragene Lebenspartner (Zur Erläuterung:  Da in Spanien der Institut der Ehe sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle Beziehungen umfasst sind mit dem Begriff “ Parejas de hecho” alle eheähnlichen Beziehungen unabhängig von ihrer geschlechtlichen Ausrichtung gemeint) können sich im Rahmen  einer Güterstandvereinbarung oder per Erbvertrag  gegenseitig als “comisario” einsetzen. Der überlebende Ehegatte  kann bevollmächtigt werden, auch sich selbst als Mit-oder Alleinerben einzusetzen.

Ein Vorteil gegenüber dem klassischen  Berliner Testament liegt auf der Hand:

Zwischen Testamentsverfassung und Eintreten des  Erbfalles vergehen oft viele Jahre, während derer sich die persönliche und wirtschaftliche Situation der künftigen Erben verändern kann. Die “sucesión por Comisario” erlaubt es, flexibel auf solche Veränderungen zu reagieren und die Verteilung des Nachlasses der tatsächlichen Situation der Familie im Zeitpunkt des Erbfalls anzupassen.

Das “Testamento por Comisario” ist im spanischem Código Civil ausdrücklich verboten.

Möglich ist lediglich die sogenannte “fiducia sucesoria”, in welcher der Erblasser seinen überlebenden  Ehegatten bevollmächtigen, kann die erbrechtliche Situation gemeinsamer Kinder zu verbessern (Art. 831 Código Civil).

Art. 831 Código Civil ist auch auf nicht verheiratete Personen mit gemeinsamen Abkömmlingen anwendbar.

3. Pflichtteil

Pflichtteilsberechtigt sind nach baskischem Erbrecht die Kinder und ihre Nachkommen sowie der Ehegatte oder Lebenspartner (pareja de hecho).

Der Pflichtteil der Abkömmlinge beträgt ein Drittel des Wertes der Erbschaft, wobei der Erblasser bestimmen kann, welchem oder welchen Abkömmlingen  der Pflichtteil zugute kommen soll. Es ist daher möglich, Enkel oder auch Urenkel unter Ausschluss ihrer noch lebenden pflichtteilsberechtigten Erzeuger zu begünstigen.

Die Regeln des Código Civils sind wesentlich weniger flexibel:

– 1/3 de Erbschaft steht den Abkömmlingen zu gleichen Teilen zu.

– Ein weiteres Drittel kann der Erblasser frei unter den pflichtteilsberechtigten

Abkömmlingen verteilen. Tut er dies nicht, so fällt auch dieses Drittel zu gleichen  Teilen den Abkömmlingen zu.

Der Pflichtteil des Ehegatten oder Lebenspartners besteht  nach baskischem Erbrecht in einem Niessbrauch an der Hälfte der Erbmasse, wenn er neben Abkömmlingen Erbe wird. Sind keine Abkömmlinge vorhanden, erhöht sich der Pflichtteil auf einen Niessbrauch an zwei Drittel der Erbmasse. Weiterhin steht dem Ehegatten oder Lebenspartner ein Wohnrecht an der gemeinsamen Wohnung zu. Dies erlischt allerdings, sobald er eine neue Ehe oder eheähnliche Beziehung eingeht oder ein Kind mit einem anderen Partner bekommt.

Diese im Vergleich zum deutschen Recht  sehr ärmliche Behandlung des Ehegatten und Lebenspartners ist in den in Spanien geltenden Rechtordnungen üblich. Sie setzt sich auch im Código Civil fort.

Dort besteht der Ehegattenpflichtteil in einem Niessbrauch in Höhe von:

–         1/3 der Erbschaft  falls er neben Abkömmlingen erbt.

–         1/2 der Erbschaft beim Zusammentreffen mit Eltern oder Grosseltern

–         2/3 der Erbschaft falls es weder Abkömmlinge noch direkte Vorfahren gibt.

4. Die gesetzliche Erbfolge

Die gesetzliche Erbfolge (sucesión legal intestada) ist im baskischem Foralrecht wie folgt geregelt:

–         In erster Linie erben die Kinder zu gleichen Teilen. Die Abkömmlinge der Kinder erben nach Stämmen, d.h., es gilt die aus dem BGB (§ 1924 Abs. 3) bekannte Regel, wonach an die Stelle eines bei Eintritt des Erbfalls nicht mehr lebenden Abkömmlings die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlige treten.

–         Dem Ehegatten oder Lebenspartner steht neben den Kindern oder Enkeln sein Pflichtteil zu.

–         Sind keine Abkömmlinge vorhanden, werden der Ehegatte oder Lebenspartner unter Ausschluss von Eltern oder Geschwistern zu Alleinerben.

–         Nach dem Ehegatten erben die Eltern zu gleichen Teilen, erst danach sind die Geschwister zu Erben berufen.

In bestimmten Gebieten der  Provinz Bizkaia sowie in den in Alava gelegenen Gemeinden Aramaio und Llodio gilt für Immobilien (bienes troncales) eine besondere Erbfolge, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.

Der grösste Unterschied zum Código Civil besteht in der fehlenden Gleichstellung des nicht verheirateten Lebenspartners. Diesem stehen weder ein Pflichtteil noch ein Wohnrecht an der gemeinsamen Wohnung zu.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten:

Die EuErbVO bietet dem in einem anderen Mitgliedsstaat integrierten EU-Ausländer die Möglichkeit seine Nachlassplanung entweder an dem Recht seines Herkunfts, oder seines Aufenthaltsstaates auszurichten. Diese gegenüber Inländern positive Diskriminierung hat jedoch jedenfalls  zur Zeit noch im Mehrrechtsstaat Spanien ihre Risiken, solange nicht geklärt ist, ob und falls ja unter welchen Voraussetzungen auf einen im Sonderrechtgebiet ansässigen EU-Ausländer das Erbrecht des Código Civil  oder das des jeweiligen Foralrechts Anwendung findet.

San Sebastian, März 2016
RA M. Wendland / RA B. Kroczek